Destitución de Bordaberry

Los acontecimientos que se desarrollaron entre el 1º de junio de 1976 y el 12 de junio de ese mismo año se encuentran inmersos en un contexto de definiciones sustanciales.
Fecha
Fotografía del traspaso de mando presidencial en 1972

 

    Traspaso de mando presidencial en 1972:

    • 1º de junio: Bordaberry efectuó una extensa exposición antes las Fuerzas Armadas, en la cual condiciona su permanencia en el cargo a la aceptación de las siguientes propuestas: a) La presencia PERMANENTE de los militares en la conducción de la República, institucionalizada por una reforma constitucional. Las Fuerzas Armadas sustituirán a los partidos políticos. b) La soberanía nacional será ejercida por plebiscitos o indirectamente por el Consejo Nacional de la Nación integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe. c) El marxismo es considerado incompatible con el nuevo régimen. d) Las formas tradicionales de la democracia deben dejar de existir porque no son eficaces para la defensa nacional. e) El Presidente de la República será electo por el Consejo Nacional de la Nación.
    • 12 de junio: Las FFAA emiten un comunicado público en el que dan cuenta de sus discrepancias con Bordaberry y anuncian que le han retirado su confianza.

    En primer lugar, la no realización de las elecciones, que por mandato constitucional debían llevarse a cabo ese año , colocaba al régimen en la encrucijada de proponer un camino alternativo: o se avanzaba hacía la “apertura” o se decidía el establecimiento de un régimen nuevo distinto al que se había abolido en 1973. En segunda instancia, se agudizaba la represión, los encarcelamientos y destituciones, que configuraban un panorama de continuidad del régimen. A ellos se sumaba el avance de ciertas propuestas que incluso iban adquiriendo resonancias públicas, así como las repercusiones de algunos acontecimientos en el plano internacional que, como el golpe militar de marzo en la Argentina, respaldaban proyectos “fundacionales” y de más largo alcance.

    En este sentido, en el año 1976 predominaba una indefinición en el régimen, tanto en el aspecto económico como en el estrictamente político. El régimen todavía no había visto fructificar la política económica que está tratando de impulsar, más bien lo que veía era una perspectiva bastante oscura y por otro lado, tampoco había logrado definir una línea económica.

    Podríamos sintetizar este marco en las siguientes coordenadas, a saber: 1) En una perspectiva inmediata, se daba por descartada la apertura por casi todos los actores políticos de la época y 2) en la escalada represiva, que además de generar su efecto “terrorista” sobre la población, alimentaban también las tendencias “fundacionales”; es en él que Bordaberry y su grupo pugnaron por apresurar el respaldo militar para su proyecto político.

    Este proyecto, identificado con un pensamiento político netamente conservador, venía gestándose desde 1973 y fue comunicado oficialmente a la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas a través de tres extensos documentos, enviados el 9 de diciembre de 1975, el 18 de febrero y el 1º de junio de 1976.

    En el documento del 1º de junio de 1976 Bordaberry efectuó una extensa exposición antes las FFAA. En ella condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Éstas eran la culminación de una ideología política que muy resumida, abarca estos conceptos: a) En lo sucesivo, la presencia de los militares en la conducción de la República debe ser permanente e institucionalizada por una reforma constitucional. Las FF.AA. sustituirán a los partidos políticos. b) La soberanía nacional será ejercida por plebiscitos o indirectamente por el Consejo Nacional de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe. c) El marxismo es incompatible con el nuevo régimen. d) Las formas tradicionales de la democracia deben dejar de existir, porque no son eficaces para la defensa nacional. e) El Presidente de la República será electo por el Consejo Nacional de la Nación. Si es el actual, lo será por tres años, de ser otro, por cinco.

    La propuesta no agradó a las FF.AA., a pesar de la conformación de una comisión negociadora integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las FF.AA. . El tema se trasladó a los Comandantes en Jefe. La propuesta de eliminar a los partidos políticos resultó demasiado arriesgada, a juicio de los propios militares, y aun de un civil como Alejandro Végh Villegas, quien dirigía la política económica del Gobierno desde el Ministerio de Economía, y elaboró un documento discrepante con la misma.

    El 11 de junio se produjo en Suárez Chico el último intento conciliatorio aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo presidencial, ni éste aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política. Si para las FF.AA. el tema se centraba en la mala praxis de algunos políticos, para Bordaberry los hechos tenían un fondo que iba más allá de ellos.

    Las divergencias entre Bordaberry y los Comandantes culminaron el 12 de junio, cuando estos decidieron destituirlo y remplazarlo por Alberto Demicheli, Presidente del Consejo de Estado. En el documento que publicaron al respecto, los Comandantes declararon que las Fuerzas Armadas no querían “compartir el compromiso, la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Políticos Tradicionales”, pero tampoco implantar de inmediato una Constitución, que sería sustituida por Leyes Constitucionales durante un período transitorio. Ese día, Demicheli firmó los Actos Institucionales Nos. 1 y 2, por los que se suspendía la convocatoria a las elecciones generales y se creaba el “Consejo de la Nación”, respectivamente. Ese Consejo de la Nación estaría integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales de las tres Armas. Le correspondería la designación del Presidente de la República, de los miembros del Consejo de Estado, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de los Contencioso Administrativo y de la Corte Electoral. Es decir, que los máximos organismos del Estado en todas las ramas quedaban supeditados a las decisiones de un órgano militar (la Junta de Oficiales Generales) sumado a otro designado por ellos (el Consejo de Estado). Por esta conjunción de civiles y militares, es que la Dictadura se llamó a sí misma “Proceso cívico-militar”.